La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) manifestaron posiciones encontradas sobre la decisión del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de remitir la situación de México a la Asamblea General del organismo internacional.
Mientras que la CNDH difiere de las conclusiones del CED, para la CDHCM abre “una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientada a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección”.
Equiparar la situación de violencia y violaciones a derechos que ocurría en el pasado reciente con la situación actual, es, desde la óptica de la CNDH, no sólo un error analítico, sino una decisión política que devela la postura del CED.
“Aunque el CED reconoce el papel central que tienen las organizaciones criminales en la comisión de las desapariciones forzadas, la verdad es que no lleva allá dicha perspectiva y evita así realizar una crítica a las dinámicas regionales y globales de consumo de sustancias, tráfico de armas y lavado de dinero criminal, que son las que durante décadas fortalecieron a los grupos criminales que han afectado principalmente a personas en México. En otras palabras, el comunicado del CED carece, también, de una cita histórica y de uno internacional”, el análisis autónomo del ente más nacional.
“Para esta Comisión Nacional se trata de una postura acomodaticia y sesgada el hacer, como lo hace, un juicio minorizado de las terribles consecuencias de la ‘Guerra contra el narcotráfico’ de (Felipe) Calderón. Y a la inversa, es una visión que minimiza los logros en materia de seguridad, con el cambio de estrategia, y que decide ignorar los avances normativos, institucionales y de voluntad política en materia de uso de la fuerza, construcción de paz y atención a víctimas de violaciones a derechos humanos, que se ha empujado en los últimos años”.
Concluye que es un hecho que “para sostener que las desapariciones forzadas son generalizadas y sistemáticas”, el CED “se basa en información relacionada principalmente con los datos del calderonismo, pero argumentando que la situación actual es similar, lo cual no corresponde a un análisis correcto en cuanto a las tendencias del fenómeno y de las acciones para atenderlo”.